El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) debe aclarar el manejo de 66.4 millones de pesos, como pagos a empresas sin haber acreditado que realizaron el trabajo contratado, una vez que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció diversas irregularidades en su gestión financiera y el proceso de extinción de fondos.
Por orden presidencial, el Conacyt extinguió decenas de fondos y fideicomisos destinados al apoyo de investigadores en ciencia y tecnología. En la segunda entrega de las auditorías a la Cuenta Pública 2021, la ASF comprobó que este proceso no ha sido pulcro.
La ASF detectó que la institución a cargo de María Elena Álvarez-Buylla pagó 22.5 millones de pesos a NRGP Servicios Empresariales Integrales para que hiciera el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable de los proyectos transferidos al Conacyt por la extinción de fondos, pero no se acreditó con documentación que se llevaran a cabo los servicios.
Por esta irregularidad la ASF determinó un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal.
El máximo órgano de fiscalización del país presentó cuatro auditorías realizadas al Conacyt sobre su gestión financiera y extinción de fondos mixtos, institucionales y sectoriales, entre las que se encuentran estas irregularidades.
En este proceso revisó diversos fondos como el Institucional de Fomento Regional para el de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (FONCICYT), el de Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología (CIBIOGEM), y el Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT-PRONACES).
“Se careció de la evidencia que acredite los entregables, así como la prestación de servicios especializados y profesionales, para apoyo al FONCICYT, para el seguimiento administrativo, financiero y contable de los proyectos del Fondo Institucional del Conacyt y del FORDECYT-PRONACES, así como en la operación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT), de cinco contratos formalizados con tres prestadores de servicios, por los que se erogaron 35 millones 152 mil pesos”.
La Auditoría Superior también dio a conocer que se hicieron pagos por 1.3 millones de pesos del Fondo Sustentabilidad Energética a dos becarios que incumplieron su desempeño académico, sin que se acreditara la recuperación de los recursos.
El 6 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que establece las disposiciones para la extinción de fondos y fideicomisos. Los recursos deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación.
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