EL CERESO DE ATLACHOLOAYA ES UNA ESCUELA DE CRIMINALES

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Marzo 23 de 2020

Formalmente, el sistema penitenciario de Morelos nació el 13 de mayo de 1934 con la inauguración de la antigua Penitenciaría de Atlacomulco, la cual estaba situada sobre la avenida con el mismo nombre en Cuernavaca, donde hoy se ubica el Parque Ecológico Acapantzingo. La apertura del reclusorio corrió a cargo del entonces presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, y tenía capacidad para 250 personas.

Tras haberse convertido en el prototipo del hacinamiento, ese penal fue sustituido por el actual Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya (1999), proyectado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari dentro del Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria en Arrendamiento Financiero (1992), al que el gobierno de Morelos se adhirió en noviembre de 1994. El mismo reclusorio hoy lleva el nombre de Centro Estatal de Reinserción Morelos, que de reincorporación de procesados y sentenciados a la sociedad, no tiene nada. Es una escuela para criminales.

Desde su paso por la subsecretaría de Gobernación en el régimen de Miguel de la Madrid, Jorge Carrillo Olea, gobernador de Morelos en el periodo 1994-1998, impulsó el proyecto de un nuevo penal en esta entidad y vio con agrado que el gobierno de Chiapas no entró al ambicioso Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria en Arrendamiento Financiero, mismo que abarcaba la construcción de 12 penales con instalaciones modernas, avanzados sistemas tecnológicos, garantías a la sociedad sobre el máximo aseguramiento de los delincuentes y programas de readaptación social de los internos a través del trabajo, la capacitación y la educación.

El proyecto del Cereso de Chiapas abarcaba solamente 1000 espacios, pero el de Morelos tenía como objetivo llegar a 2012 internos, para lo cual fue necesario modificar el proyecto ejecutivo y el presupuesto iniciales (hoy existen ahí alrededor de 3 mil reclusos).

El gobierno morelense firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación comprometiéndose a proporcionar un terreno de 30 hectáreas, plano y alejado de topografías altas y la mancha urbana; obras de cabecera consistentes en caminos de acceso, agua potable, red de drenaje exterior, electrificación, planta de tratamiento de aguas residuales y acometida de líneas telefónicas.

El terreno, ubicado en Atlacholoaya, fue comprado a Jacinto Jesús Gómez Mont, quien el 17 de febrero de 1997 denunció ante la Contraloría General del Estado diversas anomalías en torno al pago del predio.

Ahí empezaron diversos conflictos para la construcción del nuevo Cereso de Atlacholoaya, iniciada el 16 de abril de 1995, así como hechos de corrupción que comprometieron a diversos funcionarios de la administración de Carrillo Olea.

Fueron 175 millones de pesos los invertidos en una cárcel que sería ejemplo a seguir en toda la República, pero que desde su origen reflejaba defectos e irregularidades, con repercusiones aún latentes en la actualidad.

¿CUÁNTO CUESTA MENSUALMENTE EL CERESO?

Los problemas de narcotráfico en el área de alta seguridad, por ejemplo, iniciaron en 1999, cuando trascendió un informe enviado el 30 de diciembre del mismo año por la doctora Concepción Galán García, entonces jefa del Departamento Médico de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, a Aurelio Caballero Vera, director de Coordinación Técnica de la misma dependencia en las mismas fechas. Reveló que constantemente se detectaba a varios presos bajo el efecto de alguna droga. Y las cosas no han cambiado sustancialmente al día de hoy.

En la columna PUNTO Y APARTE del 10 de noviembre de 2006 publicamos que el sostenimiento de cada preso en el Centro Estatal de Readaptación Social de Atlacholoaya costaba entre 250 y 270 pesos diarios al erario público, con dinero de los contribuyentes. A costos actuales, quizás no exista variación en esas cifras, por demás conservadoras.

Así las cosas y multiplicando 250 pesos (promedio) por tres mil internos, podría considerarse que el mantenimiento de la población penitenciaria del Cereso de Atlacholoaya se lleva 750 mil pesos diarios, o sea 22.5 millones de pesos mensuales, igual a 270 millones de pesos anuales. Y a pesar de tan descomunal dinero gastado en el multicitado penal, persisten la corrupción, el autogobierno y la fabricación de nuevos delincuentes, lo cual quedó evidenciado, una vez más, en la presunta fuga y asesinato de reos el pasado jueves 19 de marzo.

La readaptación social es, junto con la prevención del delito y la procuración y administración de justicia, uno de los pilares fundamentales del sistema integral de seguridad pública, pero a juzgar por las apariencias, el escenario del Cereso de Atlacholoaya, sin omitir al resto de cárceles de Morelos, dista mucho del ideal perseguido por ilustres criminólogos y expertos en sistemas penitenciarios.

Funcionarios van y vienen al frente del área de Readaptación Social, hoy a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad, cuyo titular es el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, pero a todos no les ha quedado más que aceptar las crisis de gobernabilidad, el despilfarro y la podredumbre imperante en el sistema carcelario morelense.

El penal de Atlacholoaya sigue siendo un reducto de la delincuencia organizada e institucionalizada bajo la complacencia de las autoridades del ramo. Todo ocurre ahí y todo se cobra. El enorme y conflictivo reclusorio es una lucrativa “empresa” al servicio de la Coordinación de Readaptación Social.

LA CORRUPCIÓN, SIEMPRE PRESENTE

Todo se vende: una cerveza cuesta entre 50 y 80 pesos; una botella de tequila (por ejemplo “Jimador”), entre 600 y 700 pesos; la renta del restaurante cuesta 30 mil pesos mensuales; el uso de un celular es autorizado a razón de mil 500 pesos, aunque se afirma que una tarjeta cuyo costo es de 200 pesos en el exterior, adentro se cotiza hasta en cinco mil pesos; evitar la “fajina” (ciertos trabajos de limpieza) cuesta 5 mil pesos mensuales; la protección para no ser golpeados se cotiza a razón de 12 y 15 mil pesos mensuales (dependiendo del nivel económico del sentenciado o procesado); y lo peor es que el tráfico de drogas sigue implacable, variando el pago por permitir la venta de cocaína a alguien en particular, de acuerdo a la ley de oferta y demanda y el nivel económico de quien acepta hacerlo. Hay quienes pagan por visitas conyugales en horarios y días a modo, fuera de los tiempos normales. Los precios en las tiendas de los cinco módulos rebasan hasta en 100 por ciento lo que normalmente se cobra en el exterior. Cada interesado en operar una de ellas debe pagar entre 5 y 6 mil pesos mensuales.

En cuanto al sector salud, dentro del Cereso de Atlacholoaya hay datos reveladores sobre las actividades ilegales que ahí se practican todos los días. Es un secreto a voces la elevada incidencia de enfermedades vinculadas al consumo de drogas, destacando los padecimientos ácido pépticos, las crisis convulsivas, las taquicardias y la arritmia del corazón. Sobre ello abundan los testimonios médicos, pero las autoridades penitenciarias siempre se han hecho de la vista gorda. Llegan a decir: “Es preferible mantenerlos así, quietecitos, sin exponernos a un motín”.

Siendo presidente de la República, Vicente Fox estuvo el 13 de febrero de 2002 en el Cereso de Atlacholoaya, no en calidad de indiciado, sino como invitado especial para constatar avances en materia de “readaptación social”, básicamente en lo tocante al área educativa. Fox entregó certificados de estudios a reclusos y reconoció el trabajo logrado ahí, convirtiendo al Cereso Morelos en “ejemplo nacional”.

El viernes anterior, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, reunido con demás miembros de la Mesa por la Paz y Seguridad de Morelos, giró instrucciones a fin de llegar “hasta el fondo” con respecto a lo ocurrido el jueves en Atlacholoaya, cuyo resultado fue reos fugados (no sabemos cuántos), tres muertos y alrededor de 10 heridos. Sin embargo, lo mismo ordenó en anteriores trifulcas dentro del reclusorio, sin que hasta ahora existan informes oficiales sobre nada, mientras al frente del área de Readaptación Social de la CES Morelos y de los propios penales siguen los mismos.

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