IMPUNIDAD Y TRANSICIONES POLÍTICAS, FACTORES DE INSEGURIDAD

PUNTO Y APARTE
Guillermo Cinta Flores

El vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en Morelos (CES), declaró este miércoles en Jantetelco que en un país con 120 millones de habitantes, al menos 27 millones han sido víctimas de un delito, pero sólo el 8 por ciento denuncia. Es decir, el 92 por ciento de los delitos están impunes porque los ciudadanos afectados no acuden a denunciar ante las instancias ministeriales correspondientes.

Ortiz Guarneros sostuvo que los morelenses no escapan de este contexto, por lo que exhortó a la población en general a tener confianza en las instituciones para formalizar los señalamientos correspondientes al ser víctimas de algún delito.

A pregunta expresa sobre los delitos de extorsión que se han hecho cada vez más públicos, afirmó que se han acercado personas (a las autoridades respectivas) como víctimas de este delito, pero sin señalamientos directos.

“Yo quisiera que me dijeran, esta persona me está extorsionando; entiendo que tienen miedo pero yo los atiendo, no voy a exhibir a personas”, comentó al reiterar que la falta de denuncia dificulta más el trabajo.

Y admitió que la fuerza policial en Morelos está por debajo de los niveles recomendados de acuerdo a la norma internacional, la cual establece que por cada 100 habitantes se debe contar con un policía. Morelos tiene sólo la mitad “y con eso trabajamos”.

Tiene razón el vicealmirante Ortiz Guarneros, pero antes de continuar vayamos a algunos antecedentes.

En cada actualización hecha mes a mes por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) sobre la incidencia delictiva de nuestro país y por cada entidad federativa, se reitera que los delitos patrimoniales siguen encabezando las tendencias criminales.

El robo en sus distintas modalidades es el que mayor sensación de indefensión, inseguridad y coraje propicia entre los ciudadanos, pues a nadie agrada que lo despojen de sus pertenencias, adquiridas mediante grandes esfuerzos por el grueso de la población.

Infortunadamente para los morelenses, el pronóstico para los delitos patrimoniales durante el resto de 2019 no es halagüeño.

Para reafirmar lo antes dicho es necesario recurrir a una investigación aplicada con relación al robo en la zona metropolitana de la Ciudad de México por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Según se deduce del citado trabajo, dentro del inminente contexto económico nacional no se avizora un panorama favorable debido a dos factores: el primero es macroeconómico y el segundo inercial.

La razón macroeconómica es que los delitos están fuerte y linealmente correlacionados con la inflación. Y agregaríamos: también van aparejados con la escasez de circulante, es decir, de lana en los bolsillos.

A lo anterior hemos de sumar la ausencia de proyectos de nueva infraestructura, que retrae la actividad económica en la industria de la construcción, de la cual dependen infinidad de ramas productivas. Por eso no hay dinero, ni lo habrá durante una buena parte del año.

Dice el CIDE:

“La correlación no es simultánea, sino que está sujeta a una temporalidad o un efecto retrasado. Los aumentos en los delitos patrimoniales se asocian con incrementos en los precios de los bienes y servicios, tanto en los tres, seis, nueve y doce meses previos. Dicho de otra manera, si la inflación aumenta este mes, se verá un incremento también en el número de robos a transeúnte y casa habitación (en términos de carpetas de investigación) al menos en los tres meses siguientes, y posiblemente en adelante para el resto del año. Pero viene luego la segunda razón: la inercia de la actividad delictiva. Los incrementos en la actividad delictiva agregada son normalmente rápidos y los decrementos lentos”.

Aquí yo quisiera agregar que existen otros factores que contribuyen al incremento de los delitos patrimoniales y otros más de alto impacto, redituables desde el punto de vista económico (verbigracia la extorsión).

Ante el robo, es vital fomentar la cultura de la prevención entre los ciudadanos, pero también deben acelerarse los procedimientos en la Fiscalía General de Morelos, a fin de no caer en la impunidad, pues de cada 10 delitos denunciados, nueve quedan sin sancionar. Y esto no es una exageración, sino la lamentable realidad.

Por otro lado aparece lo peor: la red de complicidades entre malos elementos policíacos y las células dedicadas al robo y a ciertos delitos de alto impacto.

Casi siempre los hampones son los mismos, quienes obtienen su libertad debido a las deficientes investigaciones del Ministerio Público.

En la legislación penal de Morelos las sanciones para el robo son altas en sus variantes más graves (verbigracia el robo con violencia), pero la recurrencia del delito se debe a todo lo antes expuesto. Es un asunto multifactorial, donde también interviene la falta de empleo entre miles de jóvenes, los salarios mal pagados, pero sobre todo la falta de castigo.

Finalmente he de agregar otro factor: los vacíos de autoridad que siempre aparecen en las transiciones políticas. Esto fue admitido ayer por Pablo Héctor Ojeda, secretario de Gobierno, quien indicó que desde enero, cuando tomaron posesión los presidentes municipales y sus cabildos, ha habido cambios de mandos policiacos. Esos ajustes provocan irremediablemente vacíos que son aprovechados por células delincuenciales.

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