OTRA CRUZADA ESTATAL CONTRA LA INSEGURIDAD

GC NOTICIAS. Enero 25 de 2019.
Por Guillermo Cinta

Con el objetivo de legitimarse entre la sociedad morelense, lo cual no consiguió durante su paso por el Ayuntamiento de Cuernavaca, ni en la campaña electoral de 2018; tampoco después de los comicios del 1 de julio del año pasado, ni siendo gobernador electo, e igual le sucedió en los pasados tres meses y medio de su mandato, Cuauhtémoc Blanco Bravo busca ahora mayor presencia entre la sociedad local y, aprovechando el viaje, socializar el Programa de Pacificación con el que presuntamente combatirá todas las formas de delincuencia con el gobierno federal al mando de las respectivas estrategias.

Fue así como el Poder Ejecutivo convocó este jueves a varias decenas de representantes de la sociedad civil, teniendo como escenario el hotel Holiday Inn de Cuernavaca.

Ahí hubo de todo: desde quienes realmente poseen efecto multiplicador, hasta quienes a lo largo de muchos años se han mantenido al frente de agrupaciones de membrete, “fantasmas” en algunos casos. Dícese que para la convocatoria, Blanco fue apoyado por Gerardo Becerra Chávez de Ita, “zar anticorrupción” del gobierno estatal, quien le ha acercado a varios grupos en Palacio de Gobierno desde luego con el mismo propósito: la legitimación.

Sin embargo, han sido varios los gobernadores que hicieron lo mismo en lo tocante a la búsqueda de respaldo social a los programas relacionados con el combate a la delincuencia común y organizada. Por lo tanto, lo ocurrido en el Holiday Inn no tiene nada de innovador, excepto en lo concerniente a una mayor difusión, gracias a la disponibilidad de los medios electrónicos, las redes sociales y el Internet.

Vayamos pues a los antecedentes.

Teniendo al Teatro Morelos como escenario, el entonces gobernador Sergio Estrada Cajigal presidió a mediados de mayo de 2001 la instauración de la Cruzada por la Seguridad y la Convivencia en Armonía.

Para iniciar ese ambicioso programa de seguridad pública Estrada invitó a representantes de los sectores políticos, empresariales y sociales, todos ellos preocupados por el notable incremento en la incidencia delictiva.

La misma Cruzada fue incorporada al Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006 promulgado por el titular del Poder Ejecutivo el 28 de septiembre de 2001 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 4144.

Es decir: Estrada Cajigal apostó todas sus canicas a esa estrategia, que más o menos respondía a las exigencias sociales de la época en materia de seguridad.

A comienzos de 2001 el mandatario había cesado a Alberto Pliego Fuentes como coordinador general de la Policía Ministerial y en su lugar colocado a José Agustín Montiel López. Años más tarde sabríamos que ambos tuvieron nexos con el crimen organizado al igual que otros importantes comandantes de la Secretaría de Seguridad Pública durante los dos sexenios de la era panista.

Los considerandos del Plan Estatal de Desarrollo en mención, respecto al complicado tema de la seguridad pública, le propinaron tremenda felpa a los tres antecesores de Estrada Cajigal, es decir a Jorge Carrillo Olea, Jorge Morales Barud y Jorge Arturo García Rubí.

Chequen la analogía con el tiempo presente. El documento reconoció que la delincuencia había permeado alarmantemente en los cuerpos policíacos “propiciando que en los delitos de alto impacto muchas veces estén involucrados elementos de la autoridad que, en teoría, son los responsables de brindar seguridad a la población”.

Lean este párrafo: “Los grupos en los que hoy está conformada la Policía Ministerial permiten a cada uno de sus integrantes (eran alrededor de 400 elementos) actuar bajo el anonimato cuando incurren en infracciones administrativas o conductas ilícitas, las cuales van desde un simple abuso de autoridad, hasta la delincuencia organizada para cometer delitos como el secuestro, el robo de vehículos o el robo a casa habitación, que agravian a la sociedad cada vez que ocurren”. Ni qué decir respecto a los textos donde el Plan de Sergio Estrada Cajigal plasmaba la grave situación de la Procuraduría General de Justicia. Etcétera, etcétera.

Sin embargo, aquella Cruzada por la Seguridad y la Convivencia en Armonía rindió frutos aparentes. Como los venenos para plagas, ahuyentó eventualmente a las lacras institucionales, pero no las exterminó.

Con Montiel López al frente de la Policía Ministerial y Raúl Cortés Galindo en la dirección operativa, esa corporación fue nido de hampones los tres años posteriores, aliados a bandas delincuenciales. Ambos jefes policíacos fueron encarcelados en 2004 y sentenciados por su vinculación con grupos criminales.

Mientras tanto en la otrora existente Secretaría de Seguridad Pública se había tejido otra red de encubrimiento entre sus altos mandos y el clan de los hermanos Beltrán Leyva, con repercusiones en el sexenio de Marco Adame Castillo. Lo ocurrido con Montiel y “El Mico” llevó a Estrada Cajigal a juicio político, siendo separado del cargo de gobernador en octubre de 2004 por el Congreso local, aunque sostenido con alfileres mediante una perniciosa resolución de la SCJN. Etcétera, etcétera. ¿Y la incidencia delictiva? Al alza.

A Marco Adame Castillo no le funcionaron dos operativos denominados “Morelos Seguro” (bajo la coordinación federal) debido a la extensa red de protección a los cárteles de la droga.

Instituciones importantes como el Ejército, la Policía Federal y la PGR también estaban coludidas. Y sobre ello abundan los testimonios en las hemerotecas.

¿Qué sucedió con la incidencia delictiva? Subía y subía. Desde el sexenio de pesadilla (1994-2000) hasta 2012, los gobernadores garantizaron que estaban ocupados en la difícil problemática de inseguridad. Muchísimas ocasiones dijeron que combatían con éxito al crimen organizado, pero todo resultó una falacia.

Aquel escenario, ni más ni menos, antecedió a la problemática que todavía padecemos los morelenses.

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