URGEN MEDIADORES EN MORELOS ANTE LOS CRECIENTES CONFLICTOS

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Marzo 30 de 2020

Cuando aparecen nuevos conflictos en la arena política estatal y observamos las medidas contingentes (a veces tardías) por parte de quienes toman las más importantes decisiones en el Poder Ejecutivo, presuntamente en aras de lograr acuerdos con los adversarios o grupos inconformes, me viene a la memoria el ensayo de Georgina Sánchez, denominado “La cohesión social en México; a la búsqueda de un paradigma”, contenido en el libro “¿Estamos Unidos Mexicanos?” (Editorial Planeta, 2001), donde se analizan los factores de la cohesión social existentes antes y después de la alternancia en el poder decidida por el electorado mexicano en julio del año 2000, cuando terminaron casi siete décadas de gobiernos priístas, a nivel federal y en nuestro estado.

De ese trabajo inferimos que México y Morelos comenzaron a experimentar allá y entonces una transformación de los valores sociales, donde los actores y los procesos tradicionales de mediación presentaron evidencias de su evolución e insuficiencia.

“Esos cambios podrían conducir hacia situaciones de alto riesgo, vulnerabilidad social e inestabilidad nacional”, añadió Georgina Sánchez, politóloga de la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Políticos de París y el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa (Washington).

Antes de la alternancia, hace casi 20 años, existía un extenso catálogo de tendencias hacia la cohesión social de nuestro país, las cuales fueron fuertes articulaciones internas capaces de amortiguar, por represión, coerción o integración de las minorías, las presiones sociales y políticas.

Empero, había dos figuras centrales en el proceso de homogeneización de la representación e identidad del mexicano: el presidente y el gobernador en turno. Es decir, el Poder Ejecutivo. Me refiero, tocante al caso de un Estado como el nuestro, a un gobernador fuerte, por encima de los poderes legislativo y judicial, rector máximo de los diferendos, quien transmitía un discurso de equidad y fue el árbitro de una sociedad local con articulaciones importantes de cohesión social.

La eficacia de la mayoría de antecesores de Sergio Estrada Cajigal (gobernador morelense de 2000 a 2006) prevaleció sobre un sistema autoritario elástico, capaz de renovarse, y gozó de altos márgenes de legitimidad, aun cuando la legalidad de los procesos electorales fuera cuestionable.

Desde los comicios de 2000 hasta hoy, la llegada de nuevos líderes creó diferentes expectativas, movimientos en la burocracia y las élites y recomposición del poder, creando nuevos equilibrios y negociaciones dentro del sistema.

Sin embargo, no se ha entendido que la mediación no es un dato estático, sino un proceso dinámico de adaptación, durante el cual surgen a cada paso nuevos valores, intereses, condicionantes y conflictos. La estabilidad del sistema, teóricamente, debería residir en su capacidad de adaptación a las contingencias.

En los comicios de 2018 se gestó otra alternancia, de la emanó el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo convertido en gobernador de Morelos. Infortunadamente para nuestra sociedad, los morelenses no percibimos que la mediación haya permitido disminuir la violencia potencial y el enfrentamiento, ni tampoco existen procesos de convergencia que pueden diluir el conflicto. Este caldo de cultivo de ninguna manera cancela la emergencia de nuevos conflictos, ni garantiza la solución absoluta de la polarización. Al contrario: la actitud beligerante del titular del Poder Ejecutivo exacerba los ánimos, sin reorientarlos hacia la cohesión. No existe la mediación que tanto le urge a esta porción del territorio nacional.

La mediación es independiente de la democracia, pero la democracia implica un aprendizaje y ejercicio constantes de la mediación política y social.

El escenario de confrontación y el clima de incertidumbre e incredulidad, con una creciente erosión de la figura gubernamental (es decir la imagen de Cuauhtémoc Blanco), deberían hacer reflexionar al grupo gobernante respecto a la necesidad de que cambien los modelos mentales existentes y se admita que el proceso electoral del 2018 ya pasó a la historia. No existe más. Hoy en día debe impedirse la exclusión, pues podría resultar en nuevos focos de disrupción social, como es la frecuente aparición de células delincuenciales.

Muchos de los conflictos sociales y políticos latentes, antiguos o recientes, aparecen con mayor contundencia en un contexto de ineficacia de las articulaciones de cohesión social tradicional y con mayor participación de grupos ciudadanos activos, denunciativos y demandantes. Así que la moneda está en el aire. Lamentablemente, el titular del Ejecutivo no entiende de estas cosas. Algunos de sus cercanos colaboradores han de sentirse frustrados por ello y el hecho de que Blanco Bravo no se deja ayudar.

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