CUNDEN LOS DELITOS PATRIMONIALES

PUNTO Y APARTE. Octubre 15 de 2018.

Guillermo Cinta

En cada actualización hecha mes a mes por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) sobre la incidencia delictiva de nuestro país y por cada entidad federativa, he reiterado que los delitos patrimoniales siguen encabezando las tendencias criminales.

El robo en sus distintas modalidades es el que mayor sensación de indefensión, inseguridad y coraje propicia entre los ciudadanos, pues a nadie agrada que lo despojen de sus pertenencias, adquiridas mediante grandes esfuerzos por el grueso de la población.

La problemática no cesa y amenaza con extenderse hacia el año próximo.

Para reafirmar lo antes dicho retomaré parte de una investigación realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) con relación al robo en la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Según se deduce del citado trabajo, dentro del escenario económico nacional para 2019 no avizoramos un contexto favorable debido a dos factores: el primero es macroeconómico y el segundo inercial. La razón macroeconómica es que los delitos están fuerte y linealmente correlacionados con la inflación.

Dice el CIDE: “La correlación no es simultánea, sino que está sujeta a una temporalidad o un efecto retrasado. Los aumentos en los delitos patrimoniales se asocian con incrementos en los precios de los bienes y servicios, tanto en los tres, seis, nueve y doce meses previos. Dicho de otra manera, si la inflación aumenta este mes, se verá un incremento también en el número de robos a transeúnte y casa habitación (en términos de carpetas de investigación) al menos en los tres meses siguientes, y posiblemente en adelante para el resto del año. Pero viene luego la segunda razón: la inercia de la actividad delictiva. Los incrementos en la actividad delictiva agregada son normalmente rápidos y los decrementos lentos”.

Aquí quisiera yo añadir que existen otros factores que contribuyen al incremento del robo y son la falta de prevención por parte de los ciudadanos y la enorme carga operativa de la Fiscalía General del Estado para la investigación de delitos vinculados al crimen organizado y la delincuencia común.

Pero también aparece la red de complicidades aún latente entre malos elementos policíacos y las células delictivas dedicadas al robo.

Casi siempre los ladrones son los mismos, quienes obtienen su libertad debido a deficientes investigaciones del Ministerio Público o a la laxitud de nuestra normatividad penal, en la cual las sanciones para el robo son altas en sus variantes más graves (verbigracia el robo con violencia), pero la recurrencia del delito se debe a todo lo antes expuesto.

Es un asunto multifactorial, donde también interviene la falta de empleo entre miles de jóvenes, los salarios mal pagados, pero sobre todo la falta de castigo.

La perpetración de tales delitos patrimoniales, junto con el secuestro y la extorsión, han proyectado a Morelos como una entidad infestada de delincuentes. Lo cierto es que tales atracos se cometen reiteradamente todos los días por falta de vigilancia policíaca y una verdadera cultura de prevención del delito, pero también por la benevolencia del Código Penal de Morelos en su título noveno, dedicado a los delitos contra el patrimonio.

Ahí se demuestra cómo la dependencia encabezada por Uriel Carmona Gándara carece de fundamentos legales para consignar a detenidos responsables de robos cuyo monto ascienda a 50 salarios mínimos.

Este es precisamente el robo genérico: cuando a los ciudadanos se les despoja de un reloj, su cartera, una medalla, un portafolio, su bolso, etcétera, o son atracados a bordo de una unidad del servicio colectivo de transporte. El asalto con violencia implica la utilización de armas de fuego o arma blanca. Y lo peor que puede experimentar un ciudadano, sobre todo si es mujer, es que lo despojen de su automóvil, camionetas o demás.

Tocante al robo genérico los delincuentes, de llegar a ser detenidos, pueden estar menos de 48 horas en los separos de la Policía Ministerial, y el agente del ministerio público debe otorgarles la libertad, pues la pena del robo de menos de 50 salarios mínimos sólo contempla de 15 a 90 días de trabajo a favor de la comunidad, y de 10 a 50 días de multa, omitiendo alguna sanción con cárcel.

La laxitud del Código Penal en este aspecto, así como la pésima integración de carpetas de investigación hace que todos los ciudadanos sean presa fácil de delincuentes menores, quienes entran y salen fácilmente de la Fiscalía convirtiéndose en adictos a robos menores sin tener contratiempos. Es obvio que, tarde o temprano, esos ladrones se integrarán a células del crimen organizado. Y respecto a los atracadores mayores, cuyos botines son bastante lucrativos, en su mayoría siguen libres, delinquiendo.

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