EL CONTROL DE CONFIANZA Y LA REALIDAD DE POLICÍAS EN MORELOS

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Enero 29 de 2020

Las autoridades federales y algunas estatales, tras la crisis de seguridad pública estallada con el “Caso Martí” (Fernando Martí, hijo de un importante empresario mexicano, fue secuestrado el 4 de junio de 2008 y ejecutado el 12 de julio del mismo año), impulsaron un programa emergente en la materia, a fin de combatir a la delincuencia organizada. Fue cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado, concretamente al narcotráfico.

Los resultados variaron, pues cada zona geográfica del país tenía su propia problemática y observaba impredecible la disponibilidad de recursos financieros para cumplir al ciento por ciento las decenas de buenos propósitos contenidos en la presunta estrategia.

Presionado por múltiples críticas hacia su gobierno, así como por una multitudinaria manifestación que recorrió las principales calles de Ciudad de México y que proyectó a nuestro país como una nación plagada de criminales, Felipe Calderón impulsó la creación del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, mismo que estableció plazos de entre seis meses y un año para implementar una serie de acciones enmarcadas en 48 puntos, destacando la aplicación de pruebas de control y confianza a los miembros de las corporaciones policíacas, empezando con los jefes de las mismas. Igual se haría en ámbitos de las Procuradurías Generales de Justicia.

Empero, dichas pruebas, desde aquellos tiempos a la fecha, han enfrentado obstáculos.

Esos exámenes de confianza consisten, entre otras cosas, en la aplicación del polígrafo – mejor conocido como detector de mentiras-, el análisis de orina a cada policía y cuestionarios psicométricos, entre otros aspectos. Supuestamente, a partir de estas evaluaciones se determinaría en quiénes podemos o no confiar.

Desde la óptica de varios abogados penalistas locales, la medida ha sido absurda y no resuelve nada. El ingenio del mexicano es abundante y aparece también entre los elementos de las distintas corporaciones policíacas.

Es decir, si una persona habitualmente consume enervantes o alcohol, pero se abstiene de hacerlo durante dos o tres semanas, saldrá limpio, sin problemas en una prueba de orina.

Pero si además sabe que será sometido al polígrafo, aparato que funciona a base a impulsos, con mantener la calma o estar distraído será suficiente para pasar sin dificultades la prueba.

Todo lo anterior se agrava, pues los calendarios de aplicación de los mentados exámenes de confianza son de sobra conocidos al interior de las policías. Infinidad de candidatos a las evaluaciones, por tanto, se alistarán para aprobar las evaluaciones y continuar dentro de las instituciones como si nada hubiera pasado, sean o no servidores públicos corruptos o aliados a la delincuencia organizada.

Un policía puede ser corrupto, asesino o cómplice del crimen organizado, pero es abstemio y de sangre fría; es decir, controla sus impulsos. Con esas características va a pasar la evaluación sin problemas.

Pero en cambio, puede existir un oficial ejemplar, pero hace una semana tomó cervezas viendo el futbol y un día le robó dinero del monedero a su abuelita cuando era niño y al llegar al polígrafo, con ponerse un poco nervioso, no va a pasar y lo van a echar de su trabajo. Aunado a todo lo anterior, debe agregarse un problema “institucional”: la negligencia de algunas autoridades, por ejemplo las municipales, para cumplir de manera responsable con las evaluaciones.

Conclusión: los multicitados exámenes de control de confianza no garantizan el buen desempeño de quienes engrosan las corporaciones policíacas. Estaremos atentos al desarrollo de quienes vayan egresando de la Academia de Estudios Superiores en Seguridad, y luego diremos.

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