EL VERBO “INTENTAR” Y PABLO HÉCTOR OJEDA

CINTARAZOS. Septiembre 11 de 2019.
Guillermo Cinta Flores

En algún momento de su gestión como gobernador de Morelos (1982-1988), Lauro Ortega Martínez fue informado sobre la venta de estupefacientes en varias discoteques de Cuernavaca, problema que le heredó la administración encabezada por Armando León Bejarano (1976-1982) quien solapó, entre otros delincuentes de alta escuela, a uno de los fundadores del cártel de Juárez, Rafael Aguilar Guajardo, simultáneamente delegado de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) en nuestra entidad.

Dicho barón de la droga, ejecutado en Cancún en 1991, encontró con León Bejarano las facilidades para su ilegal actividad. De hecho, así se gestó la dinastía de Amado Carrillo Fuentes (“El Señor de los Cielos”). Otros hampones, como Juan José Esparragoza (“El Azul”), también sentaron aquí sus reales transfiriendo su predominio hacia los regímenes posteriores.

Pero volvamos a Don Lauro Ortega. El entonces mandatario morelense recibió un informe policial sobre la venta de drogas en discoteques de nuestra capital y ordenó a Moisés Maislín Leal, entonces director general de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, efectuar una investigación y proceder, como marca la ley, ante las instancias correspondientes. Sin embargo, alguien que escuchó el reporte le dijo: “¿Para qué se mete? Eso le compete a la Policía Judicial Federal”. Y el galeno de Xochitepec le contestó: “Porque es mi obligación. Soy gobernador de Morelos y todo lo que ocurra en el Estado es mi responsabilidad”.

Aquí debo subrayar lo siguiente. Todo lo antes dicho no ha sido, no es ni debe ser una graciosa concesión de los gobernantes en turno a favor de la sociedad, porque es su obligación constitucional. El proceder del presidente de la República y cualquier número de funcionarios de los tres órdenes gubernamentales está regido por nuestra Carta Magna y las leyes que de ella emanan. Así las cosas, las acciones y omisiones de nuestras autoridades constituyen delitos sancionados, entre otros ordenamientos, por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Don Lauro evitó ser omiso. Me parece que la omisión, la indiferencia, la intolerancia y la soberbia frente a quienes no son apologistas de determinado proyecto gubernamental siempre anteceden una estrepitosa caída. La historia local registra penosos ejemplos, entre los cuales ocupa un primerísimo lugar el de Jorge Carrillo Olea, gobernador durante el cuatrienio 1994-1998.

Según lo mandata la Ley Orgánica de la Administración Pública de Morelos, a la Secretaría de Gobierno le corresponde “conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes y con los ayuntamientos”. El titular del ramo deberá atender la conducción política y las relaciones con los 36 ayuntamientos, así como “propiciar la participación de los grupos y sectores de la sociedad y organismos no gubernamentales en los programas y políticas de Gobierno; y mantener la gobernabilidad partiendo de una relación armónica y un constante acercamiento entre el Ejecutivo Estatal y la sociedad morelense.

Por todo lo antes dicho, no podemos admitir la declaración de Pablo Héctor Ojeda, actual secretario de Gobierno, de que “intentará” colocarse como mediador en el conflicto de becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro de México. Intentar, desde un punto de vista práctico, sirve para maldita la cosa. Pablo Héctor, hijo de Don Pedro Ojeda Paullada, insigne político mexicano y quien fuera gran amigo de Lauro Ortega (lo cual me consta), está obligado a intervenir hasta conseguir la solución del conflicto cuyos principales protagonistas son dichos jóvenes, sea de la naturaleza que fuere, por el bien de la gobernabilidad morelense.

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