JUBILACIONES Y PENSIONES, PIEDRA EN EL ZAPATO DE LOS RECTORES DE LA UAEM

PUNTO Y APARTE
Por Guillermo Cinta Flores
Marzo 13 de 2019

El 16 de noviembre de 2006 escribí respecto a la elección de Fernando Bilbao Marcos como rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), pronosticando la crisis financiera que tanto el funcionario académico, como toda la comunidad universitaria, enfrentarían, no solo en un sexenio, sino más allá… hasta pasar por la desaseada administración de Alejandro Vera Jiménez, y llegar a la de Gustavo Urquiza Beltrán, a quien de plano le ha correspondido bailar con la más fea.

ANTECEDENTES

Desde siempre, los egresados de la UAEM han sido un ejemplo de los polos opuestos en que lidian las universidades públicas mexicanas: excelencia y desastre académico.

A comienzos del periodo de Vera Jiménez (2013), nuestra Máxima Casa de Estudios se ubicaba entre las instituciones que con muchas dificultades aprobaban las evaluaciones de diferentes organismos certificadores adscritos al gobierno federal. Esta fue la realidad que encontró el nuevo rector universitario Fernando Bilbao Marcos, allende el 2 de enero de 2007.

Efectivamente. De acuerdo con auditorías académicas y estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y organismos evaluadores independientes, la calidad de la enseñanza y la investigación en las academias públicas mexicanas tiene asimetrías asombrosas.

De 60 instituciones públicas de educación superior que reciben financiamiento, en conjunto, de 50 mil millones de pesos al año, sólo ocho cuentan con un nivel óptimo de calidad en sus programas académicos. Otras 11 sobreviven con un desempeño académico regular.

Y 40 universidades públicas (la mayoría) no alcanzan siquiera los mínimos de calidad en la enseñanza que ofrecen a sus alumnos en licenciaturas y maestrías.

¿Le parece a usted, estimado lector, que este es el escenario actual de las instituciones mexicanas de educación superior (me refiero a las públicas)? Seguro estoy de que me darán una respuesta afirmativa.

Déjeme aclararle que esas fueron las conclusiones que se reportaron en estudios realizados en el año 2005 por la SEP, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Sin embargo, me parece que la problemática prevalece hasta ahora, con el riesgo de agravarse frente a un gobierno federal inestable.

En 2005 había universidades públicas a las que incluso se les sugirió cerrar sus puertas ante la imposibilidad de solucionar sus problemas estructurales. De nuevo le digo a usted: la problemática sigue igual en 2019.

En infinidad de exhortos, la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, a través de la cual fluye el financiamiento federal hacia las universidades públicas mexicanas, indica la urgencia no sólo de elevar el nivel académico, sino también de vincular los programas de estudios a la cadena productiva, a fin de que las instituciones sigan siendo una opción real para la vida profesional de los egresados. En palabras más entendibles: a la SEP le pesa seguir manteniendo un sistema de educación superior deficiente.

Retornemos a 2019. Actualmente en las 60 universidades públicas mexicanas estudian un millón y medio de alumnos, y de ellos sólo la mitad logra colocarse en el mercado de trabajo; el resto encuentra ocupaciones que nada tienen que ver con sus estudios, emigra o está en el desempleo abierto.

De 60 universidades públicas sólo ocho cuentan con altos índices de calidad académica: las de San Luis Potosí, Nuevo León, Yucatán, Ciudad Juárez, Chihuahua, Baja California, Aguascalientes y el Instituto Politécnico Nacional.

Pero también está el otro rostro de la educación pública superior: el que conforman 40 universidades públicas que han sido “reprobadas” en sus estándares de calidad en la mayoría de sus programas.

Este grupo se subdivide en tres: A) Ocho universidades que tienen “rendimientos mínimos de calidad” en la mayor parte de sus carreras y postgrados, y que sólo han “pasado la prueba de calidad” en algunos programas académicos, como las de Campeche, Coahuila, Durango, Guadalajara, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas y Chapingo; B) Las 32 peores universidades, mismas que no han acreditado una sola de sus carreras, ni de licenciatura ni de postgrado, en los estándares de calidad a que han sido sometidas por organismos evaluadores; y C) Once universidades calificadas con seis y que acreditaron sólo algunas carreras con altos índices de calidad: las de Morelos, Colima, Guanajuato, Hidalgo, estado de México, Puebla, Querétaro, la Veracruzana, la Autónoma Metropolitana, la Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico de Sonora.

Regresemos a 2005. Fernando Bilbao se topó con un desastre financiero. El 14 de diciembre de 2005 el entonces rector René Santoveña admitió que una auditoría a la UAEM revelaría “ausencias y déficit en la institución”, por el pago de nóminas, prestaciones ligadas al salario, jubilaciones y pensiones y gastos de operación, con recursos etiquetados para otros fines. Bilbao fue el rector que constató el agravamiento del tema pensionario, latente hasta el día de hoy.

Es así como llegamos al 11 de marzo de 2019.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán no se ha quedado cruzado de brazos frente al grave problema que representa el pago de jubilaciones y pensiones. Pactó con el Sindicato de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), comandado por Mario Cortés Montes, la firma de una carta compromiso para la creación de un fondo destinado a jubilaciones y pensiones.

Urquiza Beltrán destacó que la creación de dicho fondo es uno de los puntos a los que la UAEM se comprometió ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) relacionado con el Programa de Austeridad para sanear las finanzas en la institución.

Detalló que la administración central ha sostenido diferentes mesas de trabajo con el SITAUAEM y directores de unidades académicas, de las que se derivó el acuerdo de firmar esta carta compromiso que requerirá del apoyo del gobierno federal para la creación del citado fondo.

“Lo que sigue después de esta carta compromiso es solicitar los apoyos al gobierno federal, quien nos está dando el acompañamiento a las nueve universidades públicas estatales con problemas financieros, para que el próximo 21 de marzo en una reunión con las autoridades de la SEP presentemos este avance que es muy importante para nosotros”, destacó Urquiza Beltrán.

Para la creación de este fondo, los trabajadores del SITAUAEM aportarían un porcentaje que impactaría de manera importante, puesto que la institución destina más de 300 millones de pesos de su presupuesto al año para el rubro de jubilaciones y pensiones.

El esquema podría repetirse con el Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM).

De acuerdo a su salario los trabajadores académicos aportarían de un cinco a un diez por ciento del mismo para este fondo, “somos la única universidad donde los trabajadores no aportaban para su jubilación y esto se hará de forma equilibrada”, explicó Mario Cortés Montes. Habría que ponderar, pues, la solidaridad del gremio para contribuir a resolver la problemática financiera de la institución.

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