LA EXTORSIÓN AVANZA POR EL MIEDO, ENTRE LAS VÍCTIMAS, A PERDER LA VIDA Y LA SENSACIÓN DEL “NO PASA NADA”

ANÁLISIS
Por Arturo Buendía
Enero 24 de 2020

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2017), el 40 por ciento de las víctimas de algún delito no denuncia por considerar que es una pérdida de tiempo o porque es un trámite largo y difícil y 18 por ciento porque siente desconfianza hacia la autoridad o por el trato hostil en las agencias del Ministerio Público. Aunque la ENVIPE corresponde a hace dos años, la situación sigue igual, y de ahí se desprende la impunidad frente a la altísima incidencia criminal.

Hay quienes opinan que el 40 por ciento de personas que no denuncia por angas o mangas ante la comisión de algún delito, es demasiado bajo. Y afirman que el porcentaje es mayor al 90 por ciento. Dicha cifra negra confirmaría lo siguiente: un 97-98 por ciento de los actos ilegales, sea cual fuere su naturaleza, queda impune.

Los morelenses nos la pasamos escuchando a las autoridades pedir a la población que se acerque a las instancias ministeriales y presente su denuncia. Es cierto: cuando esto sucede en un caso de secuestro y extorsión, hay probabilidades elevadas de que el desenlace sea positivo, debido al nivel de profesionalización, investigación y equipamiento tecnológico de que dispone la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía morelense, mejor conocida por las siglas UECS, cuya titular es la fiscal Adriana Pineda. Pero en términos generales, las víctimas no denuncian por la sensación del “no pasa nada”.

Empero, todo parece indicar, con respecto a las extorsiones y cobro por “derecho de piso”, al estilo de las antiguas mafias neoyorkinas, que las víctimas no denuncian porque temen por su vida y la de sus familiares. Esto tiene estrecha vinculación con el cierre de negociaciones, presente en Morelos, pero sobre todo en la zona metropolitana de Cuernavaca. Este viernes, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la capital morelense, Antonio Sánchez Purón, confirmó la forma en que los propietarios de tales establecimientos decidieron bajar las cortinas, lo cual ocurre en algunos municipios de la zona sur, según lo han reconocido funcionarios del ayuntamiento de Zacatepec, donde un día sí y otro también hacen de las suyas los extorsionadores.

En el caso concreto de los extorsionadores, el Código Penal de Morelos es severo en cuanto a los castigos a dichos criminales, pero el problema sigue siendo que las víctimas no denuncian por temor a represalias, sobre lo cual, desafortunadamente, abundan los ejemplos: desde incendios de negociaciones, hasta el asesinato de los empresarios que se negaron a pagar el famoso “derecho de piso”. En fechas recientes hemos visto videos donde aparecen sicarios utilizando metralletas para disparar contra las fachadas de restaurantes y bares.

El secretario de Gobierno, Pablo Héctor Ojeda, declaró este jueves que los afectados deben acudir a las instancias respectivas, a fin de presentar su denuncia, inclusive de manera anónima. No se requiere ser un docto en seguridad pública y criminología para concluir que las víctimas no irán a la UECS por diversas causas, una de ellas el miedo a perder la vida. Sería conveniente que las autoridades estatales exploren cómo iniciar investigaciones sin la susodicha denuncia; si es posible iniciarlas por oficio.

Hace varios meses, el gobierno de Morelos emitió un comunicado conteniendo el llamado a los empresarios para tomar las medidas de seguridad como la implementación de botones de pánico, video-cámaras de vigilancia y revisiones a los clientes, como parte de los protocolos en esta materia.

Insisto: la gente no denuncia porque no solo en Morelos, sino a nivel nacional, es inexistente una cultura de la legalidad. Los ciudadanos no tienen confianza en los órganos jurisdiccionales encargados de procurar e impartir justicia, ni tampoco los respetan. A ello se suman las medidas intimidatorias de los extorsionadores.

El problema de la inseguridad pública es la percepción de la gente. Se siente desvalida e indefensa. No acude al Ministerio Público porque no sabe lo que le sucederá. Así es su desconfianza.

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