LA NUEVA LOCURA DE DAGOBERTO RIVERA, DIRIGENTE DE RUTEROS EN CUERNAVACA

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 12 de enero de 2021

No cabe la menor duda: Dagoberto Rivera Jaimes, el sempiterno presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), ya enloqueció. Primero, porque como lo ha hecho cada tres años en periodos preelectorales, hoy pretende ser candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a diputado local. Lo curioso es que nunca lo han seleccionado como prospecto para ocupar una curul en el Congreso morelense.

Y segundo, porque este martes 12 de enero del año en curso advirtió a las autoridades estatales, es decir al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y al titular de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, que su gremio transporteril exige el “comienzo de negociaciones” para incrementar las tarifas del pasaje ¡en plena pandemia y en la más grave crisis económica de que se tenga memoria en esta entidad federativa! Rivera Jaimes expuso la idea de que el mentado aumento pudiese alcanzar “la media nacional” de 12 pesos. Es decir: cuatro varitos adicionales a los ocho vigentes.

Debo agregar un dato más: el dirigente de la Federación Auténtica del Transporte, a cuyo frente lleva 22 años gracias a métodos gansteriles de sometimiento a los líderes de todas las rutas aglutinadas en la FAT, forma parte de quienes promueven acciones en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia” pactada por el CEN de Morena, el Partido Encuentro Social de Morelos y el Partido Nueva Alianza, también de esta entidad. Pero eso es harina de otro costal.

Las reacciones en contra de las nuevas exigencias de Dagoberto Rivera Jaimes no se hicieron esperar. Erick González García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), la cual aglutina a alrededor de 18 mil estudiantes de la UAEM, declaró este mismo martes que la comunidad universitaria no permitirá la imposición del multicitado gremio transporteril, pues atentaría en contra de la economía, no solo de los jóvenes morelenses, sino de la sociedad en general. Consideró aberrante siquiera mencionar la posibilidad de iniciar cualquier tipo de diálogo que tenga como objetivo ajustar las actuales tarifas. Y más aberrante aún, la simple mención de que “la tarifa media nacional” es de 12 pesos.

Conclusión: la iniciativa “soltada al aire” por Dagoberto Rivera Jaimes es una absoluta locura. Pero, este sujeto está acostumbrado a asumir posiciones como esta.

Sistemáticamente se opone a las políticas públicas del gobierno estatal en materia de transporte, aunque en la mayoría de las veces se ha equivocado o pretendido sacar raja de las circunstancias. Al comienzo de la actual crisis sanitaria, más o menos en abril del año pasado, propaló cualquier cantidad de rumores, a fin de generar inconformidad entre los concesionarios para que se negaran a proporcionar el servicio gratuito al personal de la salud, tal como lo dispuso entonces el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Para nadie es desconocido que, a lo largo de dos décadas al frente de la multicitada Federación transporteril, Dagoberto Rivera ha sostenido perniciosas relaciones con los titulares del transporte en turno, fundamentalmente cuando los títulos de concesión deben emplearse en casos de emergencia o se pretende aumentar las tarifas, siempre con el propósito de beneficiarse a nivel personal. Es un magnate en el sector. Hay quienes aseguran que en las rutas aglutinadas en la Federación Auténtica del Transporte posee alrededor de 30 concesiones, desde luego a través de prestanombres.

Rivera Jaimes, cada vez en que asume el papel de actor político (como ahora dentro del Partido Morena), expone su eterno deseo de ser diputado local, cargo que ya buscó alguna vez a través del PRD sin conseguirlo. Y en el liderazgo de la Federación Auténtica del Transporte recurre a chantajes, extorsiones y amenazas, mecanismos que le sirvieron en el pasado para conseguir, entre otras cosas, la impunidad de que dispone sobre un sector cuyos agremiados son explotados de manera vil.

Esto es conocido por propios y extraños en la FAT, pero nadie se atreve a protestar ni a exigir mejores condiciones laborales, pues Rivera Jaimes y la mayoría de presidentes de los derroteros son cómplices. En otra ocasión desglosaré los rubros quebrantados por la FAT a la luz de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS, lo cual se repite en otras organizaciones de transportistas con y sin itinerario fijo.

Conclusión: si la Ley General del Transporte vigente se llegase a aplicar drásticamente a la Federación Auténtica del Transporte en la actual emergencia sanitaria, la mayoría de permisionarios saldría reprobada y con las concesiones canceladas. Estaremos atentos a las futuras medidas de presión de Rivera Jaimes y después diremos. Por ahora, representantes de la sociedad con auténtico efecto multiplicador, reprueban de manera contundente la exigencia de subir la tarifa del pasaje, de ocho a 12 pesos.

LO QUE MARCA LA LEY GENERAL DEL TRANSPORTE

La Ley General del Transporte vigente en nuestro estado tiene incorporadas las medidas emergentes que el Poder Ejecutivo, presidido por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, puede adoptar en casos de crisis. La emergencia sanitaria causada por el virus lo es y el Ejecutivo, como garante para la adecuada utilización de los títulos de concesión otorgados al transporte público de pasajeros con y sin itinerario público, posee la facultad de disponer de los vehículos cuando las emergencias lo requieran.

El Artículo 9 establece que “cuando se presenten circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor, que afecten el normal funcionamiento del Servicio de Transporte Público y Privado, la Secretaría (de Movilidad y Transporte) dictará las disposiciones que considere necesarias, para garantizar la prestación del servicio y resguardar la seguridad de la población en materia de transporte”.

El Artículo 14, en la fracción XXXII complementa lo anterior concediendo a la SMyT la facultad de “organizar los servicios emergentes de transporte público, cuando las circunstancias lo ameriten en coordinación con las autoridades correspondientes”. Y el Artículo 99, en la fracción XII, extiende la certidumbre jurídica a la misma dependencia para obligar a los concesionarios a “coadyuvar en forma gratuita en caso de emergencia, desastres naturales o de seguridad pública al requerimiento de la Secretaría”.

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