PUNTO Y APARTE. Octubre 8 de 2018.
Por Guillermo Cinta
Hace cuatro décadas y media, cuando inicié mi carrera periodística, cualquier ciudadano sabía que diversas zonas de Morelos se caracterizaban por la cultura de la violencia, quizás no a la manera del vecino estado de Guerrero, pero aquí ya teníamos “lo nuestro”.
Un ejemplo de ello fue la región oriente, donde el pistolerismo era cosa común. Los hombres se mataban simplemente por “quítame estas pajas” o porque “me agravió”.
Al paso de los años la problemática presentó altibajos, mientras la delincuencia organizada se infiltraba en las instituciones encargadas de la prevención del delito y la procuración de justicia.
El narcotráfico erigió una estructura de control sobre muchas comunidades, paralela a la del gobierno en sus tres órdenes. Fue así como la cultura de la violencia a nivel “doméstico” cambió y se tornó bestial, como la hemos constatado en años recientes. Desde mi particular punto de vista, en Morelos todavía padecemos una cultura de la violencia, que se mezcla con la cultura del “narco” y la venta de armas.
Según Johan Galtung, sociólogo noruego experto en conflictos sociales, la violencia es como un iceberg. Es decir, la parte visible es mucho más pequeña que las inobservables.
Tipifica tres tipos de violencia: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. La directa es visible y se concreta con comportamientos, respondiendo a actos de violencia. La estructural (“la peor”, dice Galtung) se centra en el conjunto de estructuras que impiden la satisfacción de las necesidades y se concreta en la negación de las mismas necesidades. Y la cultural, que crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes. Esto es lo peor que nos pudiese suceder.
¿Estamos, pues, inmersos en una cultura de violencia, entendiéndola como la respuesta violenta a los conflictos? En el caso concreto de los morelenses ¿la vemos como algo natural, normal e incluso como la única manera viable de hacer frente a los problemas y disputas que nos encontramos a diario? Desde mi particular punto de vista respondo con un rotundo sí.
A lo largo de 45 años de carrera periodística he visto la evolución de la violencia en mi entidad natal. Diez gobernadores (tres en el sexenio de pesadilla 1994-2000) y ninguno ha podido controlar por completo la violencia, mucho menos evitar la cultura de la violencia.
Para Lolita Bosch, escritora mexicano-catalana radicada en Barcelona, el narcotráfico, unas autoridades y unos políticos impunes y una corrupción desmedida son la causa de la violencia que aún azota a México. Para ella, “la violencia es histórica si se entiende como estrechamente vinculada con el PRI en el poder, y es estructural en el sentido de que ha corrompido todos los niveles de la sociedad.”
Agrega, además, que la violencia está vinculada con la política, su amparo, su venta y su protección. Asegura que “al derrumbarse el régimen de control priísta, la violencia estalla en México igual que en Irak la violencia estalla al derrumbarse el control autoritario.” Cree que México siempre será violento y corrupto.
UN SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD
Aquí deseo referirme a lo que debería ser un sistema integral de seguridad pública, basándose en cuatro pilares fundamentales: 1) La prevención y disuasión de los delitos, con una alta capacidad de respuesta por parte de las corporaciones policíacas estatales y municipales; 2) La persecución e investigación de los mismos a través del Ministerio Público y las instancias periciales correspondientes; 3) La administración e impartición de justicia, a cargo de jueces eficaces y honestos, y 4) La readaptación social, mediante sistemas penitenciarios modernos que garanticen la reinserción de los procesados y sentenciados a la sociedad. Si alguna de estas columnas falla, lo hace todo el sistema en su conjunto.
El funcionamiento inadecuado del sistema de seguridad pública -ineficiente persecución de delincuentes y/o decisiones judiciales no apegadas a derecho- favorece la incorporación de más individuos a las actividades delictivas.
La seguridad pública y el combate a la delincuencia en Morelos, por lo tanto, involucran la coordinación entre varias instancias o dependencias del poder público, pero también debe hacerse hincapié sobre la participación del Poder Judicial, encargado de juzgar a los presuntos delincuentes conforme a derecho y, en su caso, imponer las condenas, penas o castigos que procedan.
Cada día aumentan las quejas presentadas ante el Consejo de la Judicatura por actos ilegales de jueces que, de alguna forma u otra, favorecieron a consumados delincuentes poniéndolos en libertad o reduciéndoles sus penas.
En términos reales de desempeño de las autoridades encargadas de proteger a la ciudadanía se observa que, a pesar de que el personal responsable de mantener la seguridad pública aumentó en más de 57 por ciento de 2000 al 2017 en Morelos, su efectividad para disminuir la delincuencia -medida por el número de presuntos delincuentes registrados en juzgados de primera instancia- ha sido casi nula, pues no ha tenido ningún efecto visible en su reducción.
REUNIÓN DE CARMONA, SANZ Y OJEDA
La coordinación entre las instituciones responsables de sostener con firmeza el sistema integral de seguridad pública en Morelos depende, sobre todo, de la voluntad política, vocación de servicio y responsabilidad histórica de sus titulares.
Hace unos días la Fiscalía de Morelos emitió un comunicado oficial, prácticamente de reclamo al Poder Ejecutivo y el nuevo gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, por no haber establecido ningún enlace oficial con la institución ministerial, así como con su titular Uriel Carmona Gándara, quien se encuentra ahí debido a reformas constitucionales promovidas por el ahora ex gobernador Graco Ramírez, aprobadas en el Congreso local, a fin de darle a la Fiscalía autonomía técnica y jurídica. Es decir, no puede ser removido por el gobernador en turno como ocurría desde tiempos ancestrales, ni tampoco por el Congreso de Morelos.
Fue así como este domingo, el Poder Ejecutivo blanquista expidió otro boletín informando sobre una reunión celebrada en Palacio de Gobierno bajo los auspicios de Cuauhtémoc Blanco, sin su presencia, pero sí bajo la tutela de José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, a la cual asistieron el fiscal Carmona Gándara y el secretario de Gobierno, Pablo Héctor Ojeda Cervantes. El importante encuentro surgió, pues, a fuerza.
Palabras más o menos, el comunicado ratificó la necesidad de que todas las instituciones responsables de la seguridad pública de Morelos tengan coordinación, y la promuevan además con las autoridades federales y municipales, lo cual de hecho ya existe (teóricamente hablando) en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde están incorporados representantes gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, y en el Grupo Interinstitucional Morelos, integrado por los jefazos policíacos federales y estatales.
Todo lo anterior sucedió simultáneamente a otro contexto cuyo principal protagonista fue el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, luego de reunirse con representantes de COMVIVES de varias zonas del Estado y anunciar una serie de recorridos de personal de la CES a nivel municipal, simple y sencillamente para medir de manera más directa los niveles de incidencia delictiva, a partir del sentir popular, y de esa manera hacer más eficaz la disuasión de los delitos en los 33 municipios morelenses.
Conclusión: por buenos deseos no paran los ínclitos funcionarios estatales. Habrá que corroborar su eficacia en los meses venideros, sin que se les descontrole la violencia.
Por cierto, ya se está gestando un gravísimo problema en el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Morelos, como ocurrió en las postrimerías del sexenio de Marco Adame y en parte del anterior, a causa de la terrible acumulación de cadáveres, muchos de los cuales ni siquiera están identificados. Luego no se quejen del envío de los cuerpos a fosas comunes, tal como lo contempla la ley.