LOS ABUSIVOS AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS Y LA INICIATIVA DE TANIA VALENTINA

OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 29 de junio de 2020

Lauro Ortega Martínez, gobernador de Morelos en el sexenio 1982-1988, decidió conceder a los trabajadores sindicalizados del Poder Ejecutivo la sensacional prestación de 90 días de aguinaldo. Infortunadamente para las siguientes generaciones, aquella determinación se transformó y perniciosamente se la asignaron funcionarios estatales de todos los niveles y los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), incluyendo al personal de confianza. Fieles a la costumbre, los cabildos repitieron la historia a lo largo y ancho del estado. Morelos es la única entidad mexicana donde existen tres meses de aguinaldo a favor de la burocracia, contra los 15 días que llegan a pagarse en la mayoría de estados.

Casi iniciando julio fuimos informados este lunes sobre la iniciativa de la diputada local petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, ya ingresada al Congreso morelense, para reformar los artículos 2 y 42 de la Ley del Servicio Civil, a fin de “dar claridad” sobre qué servidores públicos deben devengar tan elevada prestación, presuntamente reservada solo a la clase trabajadora.

Teóricamente, según la iniciativa de dicha legisladora, “los representantes populares y funcionarios de primer nivel, así como los titulares de los órganos autónomos no deben cobrar aguinaldo porque no son subordinados”. Se supone que la propuesta ya tiene dictamen y está listo para ser votado por el Pleno del Congreso. Que así sea, pues el Ejecutivo lleva décadas padeciendo la enorme presión de los aguinaldos, ofensivos para la inmensa mayoría de la sociedad, cada vez que se aproxima el fin de año. Me parece que en 2020 no habrá excepción, con mayor insolvencia financiera debido a la pandemia y a la reducción de ministraciones federales.

Los considerandos de la iniciativa de Tania Valentina son de sobra conocidos. Ahí se lee que “la Ley prohíbe que al gobernador, magistrados del Poder Judicial, titulares de los organismos descentralizados y desconcentrados, los diputados y los presidentes municipales, se les pueda considerar como antigüedad laboral los años que se encuentran en esas funciones, para efecto de alguna pensión jubilatoria; y para evitar que puedan recibir los 90 días de aguinaldo, prestación solo prevista en el servicio público para quienes realizan trabajo subordinado”.

La diputada establece que también debe considerarse de forma expresa a todos los servidores con más alta jerarquía salarial y responsabilidad administrativa, concretamente a los titulares y consejeros de los Órganos Constitucionales Autónomos. Es decir, los titulares de la Fiscalía General del Estado; la Comisión de Derechos Humanos; el Instituto de la Mujer; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE); y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

PROYECTOS TRUNCOS EN OTROS PERÍODOS HISTÓRICOS

El 10 de noviembre de 2010, es decir hace una década, me referí a la decisión asumida entonces por los diputados locales para no pagarse en diciembre del mismo año el ofensivo aguinaldo de 180 mil pesos. Aunque los coordinadores de grupos parlamentarios representados en la Junta Política y de Gobierno, presidida en aquel tiempo por el panista Luis Miguel Ramírez Romero, divulgaron la determinación a los cuatro vientos (considerándola “histórica”), la verdad fue que la medida quedó trunca. Hoy por hoy, el Congreso ha rechazado la idea porque se afectan los grandes intereses de políticos y burócratas “dorados” que siempre aspiran, además, a conseguir lucrativas jubilaciones.

Previo al 10 de noviembre de 2010, los diputados fueron exhibidos por el abogado civilista Juan Juárez Rivas, quien les dijo: “Ustedes no son trabajadores. Al contrario, constituyen la parte patronal o forman parte de ella”.

Los asesores jurídicos del Congreso concluyeron que el aguinaldo era ilegal. Pero… nada sucedió, simple y sencillamente porque nuestros ínclitos servidores públicos no tienen mística o ánimo de servir a la sociedad. Si hubiesen optado en sentido contrario, desde hace varios lustros habrían tomado la decisión de modificar la Ley del Servicio Civil, hasta llegar a la “medianía salarial” propuesta por el Benemérito de las Américas.

Pero, vayamos más atrás en la historia, hasta 2007. En aquel año estaba abierto el mismo debate. Yo escribí lo siguiente el 19 de marzo de 2007:

“Si el Congreso del Estado tuviera voluntad para cuidar el erario, aplicaría cabalmente el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto refiere las responsabilidades administrativas, políticas y penales de los servidores públicos y define quiénes son tipificados como tales: los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial Federal y el Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el DF y organismos descentralizados. Los gobernadores, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas (también locales), son servidores públicos y se hacen acreedores a las sanciones previstas por el mismo capítulo de nuestra Carta Magna. De hecho, la Constitución Política de Morelos -acatando el principio de supremacía constitucional- precisa, para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñan empleos, cargos o comisiones en nuestra entidad y los 33 municipios”.

El Congreso del Estado había iniciado la discusión para reducir el aguinaldo de 90 a 45 días lo cual generó acres discusiones en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, cuyo presidente era el panista Jorge Toledo Bustamante, hoy titular del Servicio Nacional del Empleo en Morelos. Junto con los entonces diputados David Irazoque Trejo, Enoé Salgado Jaimes, Jaime Tovar Enríquez y a Francisco Santillán Arredondo, Toledo Bustamante apoyaba la idea de solo reducir el aguinaldo a 60 días. Pero… nada pasó.

Se mantuvo inalterable la capacidad de los ayuntamientos -protegidos por la fracción IV del artículo 115 constitucional- para administrar libremente su hacienda, aunque en el proceso miles de funcionarios municipales se asignan hasta ahora salarios y prestaciones vergonzantes.

Desde entonces advertimos las contradicciones de la Ley del Servicio Civil del Estado con los textos constitucionales.

Por ejemplo, en el primer artículo leemos que será “un ordenamiento de observancia obligatoria para el gobierno estatal y los municipios del Estado de Morelos, teniendo por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio”. Desde mi particular punto de vista, no existían razones fundadas para eximir a los ayuntamientos de la eventual reforma a la Ley, concretamente en lo referente al aguinaldo de quienes son trabajadores de confianza surgidos de un proceso electoral.

Asimismo, la citada ley estatal se fundamenta en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional), a fin de regir las relaciones laborales entre los poderes del Estado o los municipios con sus trabajadores de base y confianza.

“Los empleados de confianza y los eventuales sólo tendrán los derechos que les sean aplicables de acuerdo con esta Ley y la costumbre, mientras la seguridad social es aplicable a todos los trabajadores en general. Son trabajadores de confianza -entre otros- quienes ejercen funciones de dirección como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general les confieren representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando al nivel de directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento o sus equivalentes”.

Más claro, ni el agua.

La reforma propugnada en 2007 por la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación estaba acotada, además, porque regiría desde los directores generales hacia arriba y solo en los poderes Ejecutivo y Legislativo sin tocar al Judicial, presuntamente porque tiene “cierta inmunidad” en la Constitución federal, en la fracción XII del artículo 123, ni a los municipios.

Es decir: era una reforma chata aunque, como ya lo indiqué, el artículo 108 constitucional también considera servidores públicos (sujetos de juicio político) a los funcionarios de los poderes Judicial Federal y Judiciales de los estados, así como a los servidores públicos de los ayuntamientos emanados de una elección.

El artículo 116 de la Carta Magna, en la fracción VI, indica que las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base a lo dispuesto por el artículo 123 (apartado B) de la Constitución federal y sus disposiciones reglamentarias.

Estaremos atentos al avance legislativo en el Congreso y después diremos. Pero estoy seguro de que la iniciativa de Tania Valentina Rodríguez Ruiz no pasará la prueba del ácido y la Ley del Servicio Civil seguirá sin “dar claridad” frente a los abusivos aguinaldos y altísimos salarios que mes a mes se embolsan los servidores públicos.

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