LOS SUELDOS DE FUNCIONARIOS, SIN PARÁMETROS PARA MEDIR SI BENEFICIAN O NO AL PUEBLO

ANÁLISIS
Guillermo Cinta Flores
Mayo 20 de 2019

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) trajo a cuento este lunes 20 de mayo el añejo tema de la ausencia de parámetros para fijar los altísimos salarios de funcionarios públicos en los tres órdenes de gobierno, lo cual lleva a la comisión de abusos en el sector público, mientras la inmensa mayoría de la sociedad mexicana percibe salarios miserables. Las denominadas “burocracias doradas” siguen asignándose elevados salarios mensuales, sobre depauperados presupuestos y la falta de infraestructura en la mayor parte del país.

La SCJN invalidó las porciones normativas de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establecían de forma discrecional el salario del Presidente de la República, por lo que ordenó al Congreso de la Unión fijar reglas claras.

El pleno de la Corte ordenó al Congreso de la Unión a volver a legislar sobre el tema a partir del próximo periodo ordinario de sesiones, para lo cual contará con un plazo de 90 días.

Ocho ministros señalaron que en dichos preceptos persiste discrecionalidad en la fijación del salario presidencial, porque no establece los parámetros que marca la Constitución. Se supone que el presidente Andrés Manuel López Obrador percibe un sueldo mensual no superior a los 135 mil pesos, aunque cualquier sabe que su sistema de vida es sostenido mediante el erario; nos referimos a los modelos de consolidación patrimonial de AMLO y su familia. Ni qué decir de toda una pléyade de incondicionales que llegó con López Obrador al gobierno federal el 1 de diciembre del año pasado.

El ministro ponente Alberto Pérez Dayán señaló que los artículos 6 y 7 violan el artículo 127 constitucional, pues contienen reglas que permiten a la Cámara de Diputados fijar remuneraciones de manera discrecional.

“Asiste la razón a los promoventes de la acción (de inconstitucionalidad), ya que los artículos que subsisten 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV de la ley reclamada, permiten fijar remuneraciones sin mayor criterio que garantice las características que exige el artículo 127 constitucional, empezando por el Presidente de la República, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones, porque el sueldo de éste es el referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público”, expresó Pérez Dayán.

VAYAMOS A LOS ANTECEDENTES

En una nación tan depauperada como la nuestra, cuyas principales características son la escasez de recursos y la feroz disputa por los existentes, los tres órdenes de gobierno están convertidos en generadores de millones de fuentes de empleo. De alguna forma u otra, lo anterior se repite en los planos estatales y municipales.

De los tres niveles de gobierno depende un gran número de contratos con empresarios del sector privado, cuando teóricamente ellos tendrían que estar dedicados a la generación de riqueza. El gobierno no genera empleos productivos; la iniciativa privada sí.

Es así como siempre está presente el añejo debate sobre los altos sueldos de la “burocracia dorada” del sector público, sus excesivos aguinaldos y las onerosas jubilaciones.

Sin embargo, el problema de fondo y sus posteriores perjuicios al erario no es tan simple, pues por un lado tenemos la falta de parámetros para medir la eficiencia de funcionarios públicos y de elección popular (es el tema que se discutió este lunes en la SCJN), y por otro el creciente problema -de dimensiones inimaginables- respecto al presupuesto anual destinado a las jubilaciones.

De hecho, el tema de los aguinaldos no es tan trascendente ante la sangría presupuestal provocada por los altos salarios y su repercusión en las pensiones.

Los niveles de presidente de la República, gobernador de un Estado, secretario del despacho, subsecretario y director general, están mejor pagados en México y Morelos que sus equivalentes en países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia y el Reino Unido.

El conflicto se agudiza cuando alcanza a la sociedad que, a fin de cuentas, es la pagana de los platos rotos.

Los ciudadanos saben que algo grave sucede con referencia a los sueldos de funcionarios, pero no avanzan más en su conocimiento porque no disponen de indicadores confiables sobre el desempeño y productividad de los altos funcionarios, así como información sobre los resultados de sus políticas.

La percepción general de la sociedad es que esas remuneraciones de primer mundo no le garantizan un gobierno de calidad.

Una mejor información a la sociedad supondría la creación de mecanismos de evaluación en un contexto de transparencia de la gestión pública todavía inexistente.

Los morelenses llevamos décadas escuchando noticias y comentarios tocante a la inconformidad de la “opinión pública” alrededor de esos cobros, pero ninguna de las legislaturas, ni las autoridades en turno, han creado instrumentos para frenar la cuantiosa sangría que, definitivamente, tiene saldos rojos en el Producto Interno Bruto.

Actualmente la alta función pública es posiblemente de las mejores pagadas del mundo y tiene sueldos muy elevados en el ámbito nacional y estatal.

Pero lo más grave es cuando se comparan los ingresos agregados del sueldo más las pensiones; en otras palabras, el ingreso de un mando superior morelense se vuelve equivalente al de su homólogo en un país desarrollado cuando se adicionan los ingresos después del retiro de ambos, es decir, al equipararse el ingreso total a lo largo de la vida.

Este tema es grave e involucra la simulación o farsa de muchos funcionarios públicos que no desean ver disminuidos sus ingresos y ensordecen cuando se debate el tema ante los medios.

La realidad de los depredadores oficiales se define por la incertidumbre laboral de la alta función pública, lo cual ha obligado al gobierno a pagar un premio que compense el riesgo latente del despedido; y la falta de mecanismos efectivos y honestos que midan el desempeño del aparato burocrático obligándolo a rendir cuentas.

Hasta ahora nada demuestra que los sueldos pagados por la sociedad mexicana se justifican ante los bienes y servicios que recibe.

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