LOS SÚPER SUELDOS DE LA BUROCRACIA DORADA

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 21 de julio de 2021

El 6 de junio del presente año se realizaron las denominadas “elecciones intermedias”, en las cuales, tratándose de los morelenses, elegimos a diputados federales y locales, así como a los integrantes de 37 ayuntamientos, incluidos los tres de carácter indígena. Para esos comicios el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) tenía registrados 23 partidos políticos y a casi 9 mil candidatos, entre propietarios y suplentes, a los cargos disputados.

Llevamos alrededor de dos décadas viendo cómo se multiplican los “presupuestívoros”, es decir aquellas personas (mujeres y hombres) ansiosas por incrustarse en una chamba gubernamental, en el presupuesto público. Algo deben tener los puestos, ya sea de elección popular o dentro de las estructuras de la administración pública, para tornarse tan atractivos. Y puedo asegurarles, sin temor a dudas, que se trata de los altos sueldos existentes en el sector público, pagados con dinero de los sufridos contribuyentes.

En ninguna empresa de la iniciativa privada un empresario podría pagar fácilmente salarios que oscilan entre los 50 y 85 mil pesos a sujetos muchas veces impreparados y/o descalificados. Tratándose del sector privado, si alguien aspira a ganar 85 mil pesos mensuales, debe ocupar, por ejemplo, la dirección general de control de calidad de alguna trasnacional, verbigracia algunos de los laboratorios farmacéuticos que están todavía ubicados en CIVAC, donde les exigen por lo menos maestrías y doctorados, así como múltiples cursos en el extranjero. Y ninguno, cuando merece la jubilación, tiene que andar lamiendo las botas de los diputados miembros de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso local, a fin de hacerse de jugosos recursos vitalicios.

Hoy, cuando me estoy refiriendo a los altos salarios de las “burocracias doradas” a nivel federal, estatal y municipal, retomaré cifras que harán encabronar a centenares de personas, porque nunca tendrán acceso, ni la mínima posibilidad de percibir tan exorbitantes cifras.

El Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 2018 ascendió a casi 10 billones 891 mil millones 433 millones de pesos. En dicho año los ingresos presupuestarios del sector público federal alcanzaron dos billones 948 mil 173 millones de pesos. En aquel periodo la deuda pública neta nacional superó los 77 mil 365 millones de dólares, constituyendo el 21.9 por ciento del PIB; y el gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación importó la cantidad de 2 billones 72 mil millones 400 millones de pesos. Es decir, 23.7 por ciento del PIB.

¿Qué relación tienen estos datos con los súper sueldos cobrados por la “burocracia dorada”? Mucha.

Y es que el tema de los altos sueldos de los funcionarios públicos y los pagos discrecionales que se autoasignan se ubicará siempre en el centro del debate público, con la justificada irritación que en algunos sectores de la sociedad provoca.

Lo anterior ocurre así dentro de todo el mosaico nacional al margen del origen partidario de quienes cumplen funciones gubernamentales, y ello se debe al menos a los siguientes factores: a la paradoja de que como la alternancia política ha traído un alto nivel de rotación de élites en las estructuras gubernamentales, entonces los funcionarios -al asignarse altos sueldos y bonos- indebidamente se otorgan lo que podría denominarse como un “seguro de retiro forzado” que les permita sobrevivir durante el tiempo que consiguen otro empleo; a los vacíos de nuestro sistema de administración pública que establece percepciones prescindiendo en lo absoluto de criterios de eficacia y productividad en el desempeño; a los altos índices de discrecionalidad -ahora se le llama “autonomía” o “capacidad de autodeterminación”, según se trate de Ayuntamientos o poderes constituidos- que siguen prevaleciendo en la toma de decisiones gubernamentales; y a la incontrovertible realidad de que en nuestro país el Estado aún sigue siendo la fuente principal del honor, el poder y el dinero, como si al frente del mismo tuviéramos a verdaderos sultanes. Y es el Estado mexicano, no así la IP, el que genera la mayor cantidad de empleos, sobre todo en tiempos de pandemia.

Desde luego que el problema de los exagerados sueldos subsiste en Morelos y se comprueba con informes oficiales de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, institución que, sin embargo, no puede hacer nada, ni siquiera coadyuvar un poco para obligar a descarados funcionarios públicos municipales a reducirse sus salarios. Sus recomendaciones rayan en lo moral, pero los integrantes de las comunas morelenses son amorales.

Las cifras disponibles con relación a los sueldos de servidores públicos mexicanos contrastan gravemente con datos donde se constata que nuestros gobernantes ganan más que el Primer Ministro inglés y el de España, quienes obtienen el equivalente a 167 mil y 77 mil pesos mensuales; o los Presidentes de Brasil, Argentina y Chile que tan sólo perciben el equivalente a 41 mil, 36 mil y 29 mil 400 pesos mexicanos mensuales. O la contrastante situación de que el gobernador del Estado de Nueva York gane 18 mil dólares anuales menos que un gobernador mexicano.

La mayoría de nuestros gobernantes no practican los siguientes principios juaristas, de austeridad republicana: “Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la Ley les señala”.

Las recomendaciones que surgen para que los funcionarios públicos se bajen los sueldos o dejen de cobrar “bonos”, son como las llamadas a misa: el que quiere va y el que no, no acude, pues no hay nada que lo obligue a hacerlo.

Y para concluir otros datos: en México tenemos 132 senadores, 500 diputados federales, 32 gobernadores, 2 mil 427 presidentes municipales, 2 mil 742 síndicos y 17 mil 305 regidores. Con relación a estos servidores públicos hablamos de 20 mil 47 personas medrando con el erario, pero faltan todos los secretarios de estado, de despacho y miles de directores generales que contribuyen a una cuantiosa merma del PIB nacional. ¿Cómo la ve usted, amable lector?

(Visited 20 times, 1 visits today)