ANÁLISIS
Por Jorge Messeguer Guillén
Viernes 16 de diciembre de 2022
El dictamen del llamado plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente de la república llegó al Senado. Los senadores no aprobaron fast track la iniciativa, la enviaron a comisiones y siguió el proceso legislativo un poco menos desaseado que en la cámara de diputados.
Para agilizar el trámite y evitar que los senadores de Morena y aliados fueran a tomar decisiones pensando con cabeza propia y a conciencia, se apareció el Secretario de Gobernación para apretar las tuercas.
Inició la sesión el miércoles 14 de diciembre por la mañana y se prolongó hasta la mañana del jueves 15; de nada sirvió el voto en contra del coordinador de los senadores de Morena ni la discusión acalorada de la oposición. No hay manera de convencer a ningún senador o senadora de Morena apelando a la razón o a la democracia cuando lo que está en juego para ellas y ellos es la posibilidad de obtener el visto bueno y el apoyo de su líder para obtener una candidatura en el 2024. Contrariar al jefe máximo pondría en riesgo su futuro político, eso vale más que la democracia y la carabina de Ambrosio. La reforma se aprobó con la mayoría oficial, tal como lo ordenó el presidente, líder único, máximo guía y faro de luz de la 4T.
Los senadores le agregaron una cláusula de vida eterna dedicada a los partidos satélites de Morena, el PT y el Verde. Esos que tienen dueños y su ideología es la del moche. Recordemos como el Verde pactó con el PAN cuando Fox ganó la presidencia, después se alió con el PRI de Peña Nieto y ahora son dóciles vasallos de la 4T. Un negocio familiar y de un grupo de personajes que para definirlos en el lenguaje del propio López Obrador son totalmente fifís. En el caso del PT es propiedad de un “profe” adicto a los negocios, al poder y al dinero utilizando su mejor arma: el chantaje.
Al momento de escribir estas líneas se está discutiendo en la cámara de diputados el dictamen proveniente del senado. Por la mañana el presidente se pronunció en contra de esa cláusula de vida eterna.
La famosa cláusula de vida eterna no es otra cosa que garantizar a los partidos satélites PT y Verde la conservación de su registro aún sin alcanzar el tres por ciento que fija la ley para conservarlo; es legalizar un fraude al voto ciudadano, ganar en el escritorio lo que no se gana en las urnas. Veremos en que acaba.
Lo que viene ahora es la batalla legal. Los partidos de oposición y el propio INE han dicho que van a recurrir al Tribunal Electoral y a la propia SCJN para demostrar y evidenciar las muchas violaciones a la Constitución, que a decir de los especialistas son varias y muy graves.
De cualquier manera, queda para la historia lo hecho por Morena y aliados. Legislar unilateralmente y desde el poder una reforma electoral es un despropósito, pero además con las banderas de la austeridad y la democracia cuando en el fondo la intención es el desmantelamiento y el debilitamiento del árbitro electoral, para abrir la posibilidad de actuar utilizando todo el aparato del estado en beneficio del nuevo partido oficial. En otras palabras: reconstruir nuevamente el andamiaje antidemocrático propio de la era del viejo PRI, el control de las elecciones por parte del gobierno, la posibilidad de utilizar recursos públicos en beneficio del partido hegemónico. Lo más paradójico es que este retroceso ha sido operado por los que antes lucharon desde la izquierda en contra de lo que hoy aprobaron.
El objetivo original llamado plan A, la reforma constitucional, no pasó gracias a que la oposición se mantuvo unida y gracias también a la movilización ciudadana del 13N en la ciudad de México y en más de sesenta ciudades del interior del país.
La batalla por el INE continúa en la designación de cuatro consejeros nacionales, el procedimiento ya inició, dado el clima descompuesto que ha dejado la desaseada aprobación e imposición del plan B, no se augura nada bueno.
Aunado a lo anterior vienen cientos de demandas laborales de funcionarios de carrera que serán despedidos del INE por una arbitraria reforma y por ser un gasto inútil desde la óptica oficialista. Vienen tiempos muy difíciles para la democracia mexicana, una prueba de fuego para las máximas instancias jurisdiccionales del país.
Se revuelcan en el lodo y comen mierda sin hacer gestos. Cada vez más crece el asombro por la capacidad destructiva de la 4T, de miedo.