SE REDUCEN LA PARTICIPACIONES FEDERALES A ESTADOS

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 30 de junio de 2020

Siendo secretario de Finanzas y Planeación del Estado en julio de 2009, durante el sexenio del panista Marco Antonio Adame Castillo, Alejandro Villarreal Gasca llevaba por lo menos dos años administrando la pobreza y pretendiendo sacar agua de las piedras… de las pocas que le quedaban.

El ahora titular de la Secretaría de Hacienda de Morelos buscaba superar aquella crisis financiera, siendo una de sus misiones estoicas la de pagar los platos rotos de la compleja estructura financiera nacional cuyas líneas programáticas son trazadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia de la cual proviene más del 95 por ciento del Presupuesto de Egresos de cada entidad federativa.

Allá y entonces, se repitió con Villarreal la historia de quien culpa al cartero por llevar malas noticias.

Informado respecto a los vaivenes de los precios internacionales del petróleo, así como del comportamiento de los más importantes agentes económicos norteamericanos, Villarreal Gasca percibió desde mediados de 2008 que algo grave sucedía en torno a las finanzas públicas mexicanas. Las ministraciones o participaciones enviadas por la SHCP a Morelos no venían completas o simplemente no aparecían.

A principios de 2009, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos por el Congreso local, Villarreal Gasca lanzó la voz de alerta a todos los presidentes municipales: eviten el despilfarro, ahorren y no se despachen con la cuchara grande. Además, implementó drásticas medidas de austeridad en el gasto corriente del gobierno.

El exhorto debió evitar la bancarrota que padecieron en 2009 la mayoría de ayuntamientos, cuyas autoridades no atendieron el llamado del secretario de Finanzas y Planeación. Al contrario: hubo patéticos casos, como el del ayuntamiento de Temixco, donde el número de plazas creció, de aproximadamente 200 en el año 2006, a casi 550 existentes en 2009.

DATOS PARA DOCUMENTAR SU OPTIMISMO

Antes de seguir con este tema déjeme comentarle a usted que los 2 mil 418 municipios de México presentan una enorme heterogeneidad en su conformación política, económica y social, diversidad que se traduce en la existencia de distintos niveles de desarrollo y en variadas capacidades de gobierno y administración respecto a los habitantes de cada una de las localidades que los conforman.

Las localidades muestran elementos poblacionales, económicos y normativos que los hacen muy diferentes entre sí, aun tratándose de municipios ubicados en una misma entidad federativa.

No hace mucho, quizás una década atrás, la gran mayoría de los municipios del país tenían una participación bastante menor en la realización de obras e infraestructura de beneficio comunitario; la razón fundamental radica en la carencia de recursos financieros, ya que son ingresos derivados en su mayor parte de las participaciones fiscales, que apenas permiten solventar sus estructuras administrativas (obesas en casos concretos), así como otros gastos de operación como puede ser el alumbrado público.

Si bien los ayuntamientos están identificados por la población como instancia efectiva de atención a sus demandas de obras públicas e infraestructura, en la práctica dicho papel corresponde a las dependencias federales y estatales.

Esta situación conduce a que las funciones de los municipios se limiten, en parte importante, a proporcionar servicios de tipo administrativo (registro civil, licencias comerciales, permisos, etc.); en algunos casos realizan algunas obras públicas de mediana importancia.

Desde hace varios años se ha postergado una profunda reforma constitucional en materia municipal. Sin embargo, la agenda legislativa existe, por lo menos en el Senado de la República, abarcando cuatro lineamientos fundamentales: 1) Estructura Financiera del Ayuntamiento y Coordinación Fiscal; 2) Integración Política del Ayuntamiento y Participación Ciudadana; 3) Organización y Gestión de la Administración Municipal, y 4) Competencias y Coordinación Intergubernamental.

Y mientras no lleguen las grandes transformaciones, los municipios mexicanos seguirán padeciendo penurias y riesgos, como ocurre en Morelos.

Desgraciadamente, la realidad financiera de la inmensa mayoría de ayuntamientos provocó que los municipios fueran el blanco cómodo del crimen organizado. Prueba de ello era que a mediados de 2009 había alrededor de 400 servidores públicos municipales detenidos por presuntas relaciones con el crimen organizado y otros 200 fueron ejecutados de 2008 a julio de 2009.

EL ESCENARIO QUE VIENE PARA VILLARREAL

El actual secretario de Hacienda de Morelos asumió el cargo el 1 de octubre de 2018 frente a un deplorable horizonte económico, con la prevalencia de temas que aún generan presiones presupuestarias y siempre requieren especial atención, tales como las becas, la crisis financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y el Paripassu de Subsistemas de Educación Media Superior y Superior. El gobierno estatal no ha cesado en la búsqueda de recursos, fundamentalmente en ámbitos del gobierno federal, sin haberse consolidado aún los apoyos extraordinarios, en tanto las participaciones provenientes de la Federación siguen a la baja a causa de la pandemia y por el descenso de todas las actividades económicas y/o recaudatorias, lo cual impacta negativamente en las finanzas públicas morelenses según los dictados de la Ley de Coordinación Fiscal.

Entre otros temas que generan presiones presupuestarias también están las prestaciones a docentes y jubilados del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, no reconocidas por la SEP; los recursos no regularizados que se han otorgado al sector Salud y el dinero para pensiones y jubilaciones.

Hoy por hoy, Alejandro Villarreal Gasca es el funcionario estatal más presionado. Es obvio inferir que con demasiada frecuencia se truena los dedos, esperanzado en que las ministración mensuales provenientes del gobierno federal no sigan descendiendo.

La única alternativa para paliar la crisis que viene sobre el contexto de la pandemia sería el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya no encuentra la forma de encontrar recursos. Ha enfocado inclusive su visión a las Afores con el objetivo de sostener sus programas sociales (o clientelares) que le garanticen el triunfo electoral el año próximo y así mantener la hegemonía en las cámaras de Diputados y Senadores. Solo así podrá cumplir su gran ideal de prolongar la 4T.

Para el presidente son inexistentes los gobernadores y por ende los titulares de las haciendas estatales.

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