SOCAVÓN DE CORRUPCIÓN

MIRADOR 21
Por David Alanís*

Justo este 11 de julio se cumplieron los dos primeros años de aquella tragedia que se hubiese evitado si en nuestro país las autoridades; es decir los servidores públicos, entendieran la importancia de hacer bien su trabajo.

Son ya 24 meses de aquella fatídica mañana en el kilómetro 93+600 del llamado Paso Exprés, cuando quedó al descubierto el vacío de responsabilidad y honestidad de quienes en ese momento gobernaban nuestro país y el estado. Alrededor de las 5:00 horas, se abrió aquel gran socavón y en su interior, Juan Mena Ruiz y Juan Mena Romero, padre e hijo, vecinos del municipio de Emiliano Zapata, se fueron al fondo y sufrieron una muerte lenta, tan lenta como el accionar de los responsables de Protección Civil estatal y otros cuerpos de auxilio, quienes esperaron más de 10 horas para poder meter las manos, por temor a que les fuera a suceder algo.

Quedó claro, que nadie estaba dispuesto a arriesgar su vida, por aquellos dos que, sin deberla ni temerla, padecieron hasta la muerte, su muerte, la negligencia de un gobierno más preocupado en generar dividendos para apoyar la campaña política que más tarde ganaría el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Estado de México, con el descarado uso clientelar de miles de millones de pesos.

La tragedia no terminó ahí, pues tal como lo documentó en días pasados la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos muertes también asociadas directamente a las fallas estructurales de la muy lamentable obra vial, que incluso Graco Ramírez pidió denominarla “Paso Exprés Talhuica” e incluso en su momento colocó espectaculares por toda la vía para agradecer la obra al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, pero pocos días después los retiró. ¡De pena ajena!

Hace unos días lo publicó a detalle Animal Político: “La tercera víctima, según documentó la CNDH, murió “debido a la inexistencia de debida diligencia y mitigación de riesgos donde se realizaban los trabajos de construcción del Paso Exprés, al circular en una motocicleta y ser golpeada por un cable de luz de alta tensión suelto, mismo que le causó la muerte”.

Mientras que, La cuarta víctima murió después del socavón al caer de un paso peatonal “que no tenía barandas ni algún tipo de señalamiento de peligro a un costado del Paso Exprés”, señaló la CNDH en la recomendación 34/2018.

En octubre del año pasado, la CNDH aseguró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es el principal organismo responsable del surgimiento del socavón en el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca –que ya provocó el fallecimiento de cuatro personas– al incurrir en una actitud de negligencia y probable corrupción, que debe investigarse a fondo para establecer sanciones penales y evitar que el caso siga en la impunidad.

Contundente fue su conclusión, al señalar que la obra fue realizada con “graves deficiencias de planeación y construcción por una obra pública mal diseñada y deficientemente construida”.

Si recordamos, entre las irregularidades detectadas señala que la SCT no adoptó medidas preventivas, pese a saber que el tubo de drenaje que pasaba debajo del Paso Exprés estaba en malas condiciones y había desbordamiento de agua, y no pagó las reparaciones que la empresa constructora realizó por dañar la red de agua potable de Cuernavaca.

El estudio comprobó que la SCT no contaba con un proyecto ejecutivo de la obra al momento de emitir la convocatoria de licitación, ni al adjudicar los contratos, ni al iniciar la construcción de la vialidad, y que decidió ampliar el Paso Exprés de ocho a 10 carriles cuando la obra estaba avanzada y sin argumentar la conveniencia del cambio, lo que implicó aumentos en el precio y la fecha de entrega. *Obra mal hecha al amparo del gobierno estatal * Y aquí es precisamente cuando quedo claramente evidenciado que la complicidad entre el gobierno del estado, fue cómplice del gobierno federal, toda vez que la CNDH encontró que el libramiento de la autopista no contaba con permisos ambientales al inicio de la construcción y que la SCT pidió información a las autoridades de Morelos sobre las líneas de agua potable en el trazo de la vía un mes después de haber iniciado los trabajos.

Tampoco solicitó datos sobre los cuerpos de agua de la zona.

Hasta ahora, el hecho sigue impune y ninguno de los altos funcionarios o empresarios que participaron en la obra, ha pisado la cárcel, mientras tres familias siguen llorando sus muertos…

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